La histórica iniciativa regulatoria impulsada por la industria digital naufragó en la Cámara Alta tras no alcanzar los 60 votos necesarios. El rechazo demócrata por las ganancias millonarias del presidente y la presión del sector bancario propinaron un duro revés al mercado.
El proyecto de regulación integral para la industria de los activos digitales sufrió un fracaso determinante en el Senado de los Estados Unidos. La iniciativa conocida como Ley de Claridad (Clarity Act), que buscaba establecer un marco regulatorio favorable para el sector y evitar las ofensivas normativas observadas durante la administración Biden, no logró avanzar tras registrar una votación de 49 votos a favor y 50 en contra, quedando lejos del umbral de 60 sufragios requerido para su aprobación.
La derrota legislativa representa un severo contratiempo para las empresas del sector, que invirtieron sumas récord en cabildeo durante más de un año ante el Congreso controlado por el Partido Republicano. Asimismo, desarticula uno de los compromisos centrales del presidente Donald Trump, quien asumió el cargo con la promesa de convertir al país en la «capital cripto del mundo».
El bloqueo en el recinto reflejó una profunda división partidaria desencadenada por las exigencias de la bancada demócrata, que reclamó salvaguardas más estrictas para limitar la capacidad del mandatario de beneficiarse económicamente del sector. Según los informes presentados, Trump reportó ganancias superiores a los U$S 1.000 millones procedentes de sus negocios vinculados a las criptomonedas durante el año pasado. Al evaluar los motivos del resultado legislativo, el senador demócrata por Arizona, Ruben Gallego, argumentó:
“Esta legislación fracasó rotundamente porque los republicanos se niegan a decirle no al presidente”.
La falta de consenso ético sobre las negociaciones comerciales de la Casa Blanca terminó por paralizar el debate en las semanas previas a la votación, a pesar de que el Ejecutivo cedió en algunos puntos solicitados por la oposición. En ese sentido, Rebecca Rettig, directora jurídica de Jito Labs —empresa desarrolladora de software en cadena de bloques—, analizó el trasfondo político de la votación:
“Sabíamos que al final todo se reduciría a la ética. El ambiente político está demasiado caldeado como para que ciertos legisladores voten a favor de un proyecto de ley que no sea un triunfo del 100 por ciento en materia de ética”.
La presión de la banca tradicional y el debate por las stablecoins
Más allá del frente político, la Clarity Act se convirtió en el escenario de una intensa disputa entre el sector tecnológico emergente y el sistema bancario tradicional de los Estados Unidos, compuesto por más de 4.000 instituciones financieras. El punto de mayor fricción se centró en los rendimientos ofrecidos por los emisores de stablecoins.
Las entidades bancarias advirtieron que permitir la remuneración a los tenedores de estos tokens provocaría una fuga masiva de depósitos fuera de la banca tradicional, afectando la liquidez y la capacidad de otorgamiento de créditos en la economía real, un riesgo especialmente agudo para los bancos comunitarios. La tensión escaló hasta desencadenar enfrentamientos públicos entre Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, y Brian Armstrong, líder del exchange Coinbase, quien criticó abiertamente a su rival de Wall Street a través de la red social X.
Tras conseguir concesiones defensivas durante el proceso de redacción, un conjunto de asociaciones gremiales que representan a la banca estadounidense emitió un comunicado conjunto fijando su postura:
«Apoar la creación de un marco regulatorio fuerte y duradero para los activos digitales que marque el rumbo del liderazgo global de EE.UU. durante las próximas décadas» debe darse de manera simultánea con la protección de «el crédito bancario que impulsa el crecimiento económico».
Impacto en el mercado, fondos de campaña y perspectivas futuras
La resolución del Senado impactó de inmediato en las cotizaciones. El precio de bitcoin registró una caída del 3 por ciento tras la votación, profundizando un contexto de mercado bajista en el que la criptomoneda acumula un descenso del 35 por ciento en el último año, mientras la atención de los inversores minoristas se desplaza hacia la volatilidad de las acciones ligadas a la inteligencia artificial.
Frente al revés parlamentario, los grupos de presión del sector mantendrán su estrategia. A través del Super PAC denominado Fairshake —respaldado por firmas como Andreessen Horowitz, Ripple Labs y Coinbase—, la industria acumuló más de U$S 260 millones para las elecciones de 2024, contando con una reserva financiera superior a los U$S 100 millones a finales de julio.
Ante la falta de una ley federal, las plataformas buscarán certidumbre técnica mediante la facultad reglamentaria de las agencias supervisoras de valores y derivados. Al mismo tiempo, promoverán que el Senado vuelva a reconsiderar la iniciativa. Sobre las alternativas del sector, Kristin Smith, presidenta del Solana Policy Institute, señaló:
«Las agrupaciones a favor de las criptomonedas también presionarán para que el Senado reconsidere el proyecto de ley».
Por su parte, desde el consejo asesor de la Casa Blanca lamentaron el desenlace de la jornada legislativa y advirtieron sobre las consecuencias geoeconómicas del bloqueo en el Congreso. Patrick Witt, director ejecutivo del consejo de asesores sobre activos digitales de Donald Trump, manifestó a través de su cuenta de X:
“No tiene sentido maquillarlo: la votación de hoy fue una gran decepción y, creo, un fracaso del liderazgo estadounidense. Esto deja algo claro: aumenta el riesgo de que las normas a las que se adscriban los mercados financieros mundiales en el futuro sean las de Bruselas o Pekín, en lugar de las de Washington y Nueva York”.
