El Clarity Act, pensado como el gran marco regulatorio para la industria cripto bajo la administración de Donald Trump, quedó frenado en el Senado después de que Brian Armstrong, CEO de Coinbase, retirara públicamente su apoyo a último momento. El giro expone una fractura profunda entre los principales exchanges, los bancos tradicionales y los grupos de finanzas descentralizadas en torno al futuro de las stablecoins, los tokens tokenizados y las reglas contra el lavado de dinero, con impacto potencial sobre todo el ecosistema global, incluida América Latina.
El proyecto que pasó de “oportunidad histórica” a fuente de conflicto
El Clarity Act es un proyecto de casi 300 páginas que busca establecer un marco integral para los activos digitales en EE. UU., desde Bitcoin hasta derivados complejos, y definir qué agencia —la SEC o la CFTC— tendrá la supervisión principal. Se trata del primer gran tropiezo político de la criptoindustria norteamericana desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, pese a que su gobierno convirtió a las cripto en “prioridad nacional”, indultó figuras del sector y promovió la ley de stablecoins conocida como Genius Act.
Durante meses, los lobbistas cripto presionaron para aprobar el texto antes de las elecciones de mitad de mandato, bajo la premisa de que podría no haber un Congreso igual de amigable después de noviembre. “Este es el disparo”, advirtió Gabe Rosenberg, socio del estudio Davis Polk, al describir la ventana política que buscaba aprovechar la industria. Pero las tensiones internas y cambios de último minuto en el borrador terminaron por dinamitar ese consenso frágil.
Armstrong: “Mejor ningún proyecto que un mal proyecto”
La cancelación del “mark-up” —la revisión final en comité del Senado— llegó horas después de que Armstrong anunciara en redes que Coinbase ya no podía respaldar el texto. El ejecutivo sostuvo que el proyecto otorga demasiado poder al regulador de valores y cuestionó, entre otros puntos, lo que describió como un “ban de facto de las acciones tokenizadas”, las “prohibiciones sobre DeFi” y las restricciones adicionales para que las empresas puedan pagar “recompensas” a los tenedores de stablecoins.
Armstrong fue tajante en su diagnóstico político: “Apreciamos todo el trabajo del Senado para lograr un resultado bipartidista, pero esta versión sería materialmente peor que el status quo”. En esa línea, el CEO de Coinbase remató con una frase que resuena más allá de Washington, incluso en mercados como Argentina: “Preferimos no tener ley antes que tener una mala ley”.
Bancos vs. stablecoins: el miedo a la “fuga de depósitos”
El corazón de la pelea está en las stablecoins atadas al dólar, que ya se usan como refugio y medio de pago en buena parte de América Latina. Los bancos estadounidenses presionan fuerte para limitar los rendimientos que los emisores pueden pagar sobre esos tokens. Su argumento es que si un usuario gana más tasa con un dólar tokenizado que con un depósito bancario, se acelerará una “fuga de depósitos” que recortará la capacidad de crédito del sistema financiero tradicional.
Brian Moynihan, CEO de Bank of America, lo sintetizó en una conferencia con analistas: un movimiento de fondos fuera de la banca “reduciría la capacidad de préstamo de los bancos” y “golpearía particularmente a las pequeñas y medianas empresas”, más dependientes del crédito bancario que los grandes grupos con acceso a otras fuentes de deuda. Para los defensores de las stablecoins, en cambio, esta pulseada refleja el temor de la banca a competir por depósitos con instrumentos más flexibles y nativos digitales. Geoff Kendrick, responsable global de research de activos digitales en Standard Chartered, fue directo: los bancos están “gastando mucho dinero en DC” para frenar el pago de intereses sobre stablecoins porque “saben que están en problemas” frente a la nueva competencia.
Kraken y DeFi denuncian “fricciones innecesarias”
El texto también introduce trabas adicionales para los tokens que representan acciones, un segmento clave para el desarrollo de mercados de capitales 24/7 y más accesibles para pequeños inversores de la región. Jonathan Jachym, director global de políticas y relaciones gubernamentales del exchange Kraken, cuestionó esa redacción de último momento y afirmó que las modificaciones “crearon algunas fricciones y distracciones innecesarias”.
Los grupos de finanzas descentralizadas ven otra amenaza en las obligaciones reforzadas de cumplimiento de normas antilavado y controles similares a los de los intermediarios tradicionales. Argumentan que estas exigencias, pensadas para estructuras centralizadas, “harían más difícil que los desarrolladores de software construyan sistemas cripto sin supervisión centralizada”, lo que en la práctica sofocaría la innovación en DeFi. En un contexto donde protocolos DeFi empiezan a ser usados por usuarios argentinos y latinoamericanos para escapar de controles de capital y restricciones locales, la forma final de estas reglas será determinante.
Un proyecto al borde de “quedarse sin nafta” política
La combinación de presiones bancarias, reclamos de exchanges y resistencia de comunidades DeFi llevó a una pausa abrupta en el Senado. El comité anuló la sesión de mark-up la noche anterior, dejando al Clarity Act en un limbo legislativo sin nueva fecha de votación. El destino de la norma es incierto: el Congreso está en receso y, con las elecciones de medio término en el horizonte, el tiempo político se acorta.
Ron Hammond, responsable de política y advocacy en Wintermute, describió el clima en Washington: “Hay muchas fuerzas en juego aquí, y todo estaba confluyendo en el último segundo para un proyecto que seguía negociándose horas antes del mark-up”. Aun así, Hammond subrayó que “todavía tiene impulso, y ese es el principal asesino o motor aquí”. Su advertencia es clara: “En el segundo en que este proyecto pierda impulso político, lo consideraría muerto en el agua, pero por ahora tiene mucho impulso por todas esas presiones externas, incluida la Casa Blanca”.
Para los reguladores y emprendedores cripto en América Latina, donde se mira con atención cada movimiento de Washington, el desenlace del Clarity Act será una señal clave. Una ley demasiado restrictiva podría frenar o encarecer la innovación que hoy permite a millones de usuarios dolarizarse vía stablecoins; una norma equilibrada, en cambio, podría ofrecer un modelo exportable para ordenar un mercado que ya opera, de facto, muy por delante de la regulación.
