La justicia federal congela activos por U$S 250 millones vinculados al token Libra, mientras crece la cooperación judicial entre Buenos Aires y Nueva York.
La investigación internacional por el colapso de la criptomoneda Libra tomó un nuevo rumbo luego de que la justicia federal argentina ordenara la congelación de los activos del promotor estadounidense Hayden Davis y de sus presuntos colaboradores Orlando Rodolfo Mellino, de nacionalidad argentina, y Favio Camilo Rodríguez Blanco, ciudadano colombiano. La medida, dispuesta por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, abarca billeteras digitales, cuentas bancarias y activos inmobiliarios.
Según fuentes judiciales, el objetivo de la orden es “evitar cualquier transferencia de activos que pudieran representar el producto de un fraude”, mientras los investigadores trabajan en el rastreo de un flujo de dinero estimado entre U$S 100 y U$S 120 millones. La Comisión Nacional de Valores (CNV) fue instruida para notificar a todos los proveedores de servicios de activos virtuales del país, garantizando que la medida se cumpla también en las plataformas locales de criptomonedas.
El caso Libra se ha transformado en uno de los mayores escándalos del ecosistema cripto latinoamericano, con pérdidas estimadas en U$S 250 millones y más de 40.000 pequeños inversores perjudicados. La criptomoneda alcanzó notoriedad en febrero pasado cuando el presidente argentino Javier Milei publicó fugazmente un mensaje en redes sociales refiriéndose a Davis como “asesor en blockchain e inteligencia artificial”. En cuestión de horas, el precio del token se disparó y luego colapsó.
En los Estados Unidos, la causa sigue un curso paralelo. En mayo, un tribunal de Nueva York congeló U$S 57 millones en stablecoins USDC vinculadas a Davis y sus socios en la ahora desaparecida plataforma de intercambio Meteora. Sin embargo, el juez posteriormente “levantó la congelación, dictaminando que Davis y el ex director ejecutivo de Meteora, Ben Chow, no habían intentado mover los fondos y que la restitución seguía siendo posible”, según consta en los documentos del tribunal.
La demanda civil colectiva, impulsada tanto por inversores estadounidenses como latinoamericanos, acusa a los implicados de coordinar un esquema fraudulento descrito como una “estafa”. Los abogados invocaron la Ley RICO —usada en casos de crimen organizado— al argumentar que Libra y M3M3, otro proyecto impulsado por Davis, formaban parte de un patrón sistemático de fraude.
Aunque no hay cargos penales contra Milei, la investigación argentina -promovida en la Justicia por sectores políticos que pretenden hacerle un Juicio Político a Milei- provocó un temblor político. Según se desprende de documentos judiciales, las transferencias de criptomonedas de Davis “coincidieron con reuniones políticas de alto nivel”, incluyendo un encuentro con el presidente en la Casa Rosada. Dichas coincidencias alimentaron la controversia bautizada por los medios de prensa relacionados a dirigentes políticos peronistas -muchos de ellos con procesos judiciales por corrupción- como “Cryptogate”.
El juez Martínez de Giorgi, sin embargo, sostuvo que “la congelación de activos solo permanecerá vigente el tiempo necesario para asegurar pruebas y preservar cualquier posible restitución para los inversores”, buscando descomprimir la carga política de una causa con alto perfil mediático y proyecciones internacionales.
El caso representa un hecho inédito de cooperación judicial en torno a activos digitales entre tribunales de dos jurisdicciones mayores: Buenos Aires y Nueva York. Para los reguladores, el episodio Libra revela un desafío creciente respecto a cómo aplicar la ley en transacciones transfronterizas basadas en blockchain, en un contexto donde el auge de la tecnología cripto se mezcla cada vez más con agendas políticas.
Mientras tanto, pese al impacto del caso en la opinión pública, el partido oficialista La Libertad Avanza —liderado por Milei— ganó las elecciones intermedias, consolidando al presidente como uno de los principales contendientes de la carrera hacia los comicios de 2027.
