El criptoinversor Olivier Janssens promete U$S 100 mensuales a cada habitante de Nevis si se aprueba su ciudad libertaria Destiny, oferta que opositores locales denuncian como “compra de influencia” y “sobornos públicos” para presionar al gobierno de la isla.
La batalla por el futuro de Nevis, una pequeña isla caribeña de poco más de 10% de su territorio potencialmente bajo control de un proyecto privado cripto‑libertario, ya no se libra solo en los despachos oficiales.
También pasa por la billetera de cada habitante. Olivier Janssens, inversor en Bitcoin y cerebro detrás de Destiny, prometió pagar U$S 100 mensuales a todos los residentes si el gobierno aprueba su desarrollo, una oferta que opositores locales califican directamente de “sobornos públicos”.
U$S 100 por cabeza: de la “participación en ganancias” a la acusación de coima
Destiny envió un correo a su base de contactos en el que promete que los pagos “comenzarán inmediatamente una vez que se apruebe el acuerdo final con el gobierno, lo cual esperamos muy pronto”. El mail recuerda que el proyecto siempre contempló destinar 5% de sus ganancias a los nevisianos —incluidos los niños—, pero admite que “la distribución significativa de beneficios puede llevar tiempo a medida que el proyecto crece… Queremos empezar a retribuir de inmediato”.
La nueva oferta de U$S 100 al mes por residente representa un salto enorme frente a la propuesta original de 30 dólares del Caribe Oriental (unos U$S 11) planteada por Janssens en noviembre de 2025. Aunque el correo no especifica por cuánto tiempo se pagaría, el monto implicaría U$S 4.800 al año para una familia de cuatro personas, una cifra relevante para la economía local.
La reacción política no tardó. Carlisle Powell, ex ministro y referente del opositor Nevis Reformation Party (NRP), definió la promesa como “pura palanca” y sostuvo que está “poniendo presión sobre las autoridades para que respalden el proyecto”. A su juicio, la jugada busca volver impopular al premier de Nevis y al primer ministro federal de Saint Kitts y Nevis si deciden frenar a Destiny.
“Influence-buying”: la advertencia de la oposición
Otro dirigente del NRP, Kelvin Daly, fue aún más explícito en Facebook. Calificó la propuesta como “compra de influencia: un intento claro de un desarrollador privado de interferir en los asuntos socioeconómicos y políticos de nuestro país”. Y lanzó una advertencia que sintetiza el temor de buena parte de la oposición: “Si cada vez que un desarrollador privado no consigue lo que quiere se le permite ofrecer sobornos públicos diseñados expresamente para presionar al gobierno a actuar en su nombre, estamos condenados”.
Ni Janssens ni Destiny respondieron a los pedidos de comentario del Financial Times. Mientras tanto, el proyecto sigue a la espera de una aprobación federal clave. El gobierno de Nevis ya firmó un acuerdo con la compañía y lo envió a la administración central de Saint Kitts y Nevis, que debe dar el visto bueno definitivo.
Un “estado dentro del estado” en clave cripto‑libertaria
Destiny fue presentado por el gobierno isleño como un proyecto “multimillonario” que rediseñaría la costa sur de Nevis con villas, clínicas médicas y terrazas verdes con piscinas, según los planos elaborados por el estudio Skidmore, Owings & Merrill, responsable de obras como 7 World Trade Center en Nueva York y Broadgate Tower en Londres. La iniciativa aspira a comprar 2.400 acres —aproximadamente una décima parte de la superficie de la isla—, con propiedades cotizadas entre U$S 500.000 y U$S 3 millones, según declaró Janssens al New York Post.
En una sesión de preguntas y respuestas con habitantes de Nevis, el crypto‑billonario belga resumió la filosofía del enclave: “Nosotros decimos que puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no interfieras con los derechos de otras personas”. La ley que habilita este tipo de desarrollos otorga poderes amplios a los promotores y generó temor entre vecinos que temen que Destiny se convierta en “un estado dentro de un estado”. Janssens rechazó esa caracterización y aseguró que la comunidad estaría “abierta a todos los isleños” y “en última instancia sujeta a la jurisdicción del gobierno nacional”.
Aun así, el propio inversor planteó ir más allá del sistema judicial local. Destiny podría “proponer que para ciertos asuntos tengamos nuestros propios sistemas judiciales eficientes”, dijo, aunque prometió que “seguiremos acatando” el marco legal nacional. En presentaciones anteriores llegó incluso a referirse a Nevis como una “host nation” —nación anfitriona— de su comunidad libertaria, un lenguaje que alimenta la percepción de que se está montando un micro‑estado privado dentro de la federación.
Ciudadanía por inversión, enclave especial y conflicto de intereses
El proyecto se apoya también en el régimen de ciudadanía por inversión de Saint Kitts y Nevis. El premier nevisiano Mark Brantley afirmó que los extranjeros que compren propiedades en Destiny deberán pagar tasas bajo ese programa, que hoy exige una inversión mínima de U$S 250.000 en la economía local, quieran o no adquirir la ciudadanía.
Brantley aclaró que, incluso si los compradores se convierten en ciudadanos, no podrán votar porque “vivirán en un enclave especial con reglas especiales, aplicables a ellos. Les hemos dicho que no pueden tener un pie dentro y un pie fuera”. En paralelo, el primer ministro federal Terrance Drew prometió esta semana introducir enmiendas a la ley que permite este tipo de zonas especiales, en respuesta a la preocupación de quienes temen una “captura” de la política pública por parte de grandes inversores.
El avance de Destiny también reavivó críticas por potenciales conflictos de interés: Sharon Brantley, esposa del premier de Nevis, actúa como agente inmobiliaria en las compras de tierra que está realizando Janssens. Para la oposición, se trata de otro indicador de cómo se entrelazan, sin demasiada transparencia, política local, capital cripto global y un modelo de “network state” que busca reglas a medida.
La “network state” llega al Caribe
El caso Destiny se inscribe en un fenómeno más amplio: la ambición de grandes fortunas tecnológicas y cripto por construir territorios con sesgo libertario y marcos regulatorios propios, el llamado movimiento de los “network states”. Nevis, con su historia como plaza offshore y su programa de ciudadanía por inversión, aparece como un terreno fértil para esos experimentos.
La promesa de Janssens —U$S 100 al mes para cada residente si el proyecto se aprueba— cristaliza la tensión de fondo: hasta qué punto una comunidad pequeña puede o quiere intercambiar autonomía política por flujos de dinero fresco atados a un único desarrollador. Para Powell y Daly, la respuesta es clara y el lenguaje también: lo que Destiny presenta como participación temprana en las ganancias, ellos lo leen como “palanca” y “compra de influencia”.
Mientras el gobierno federal define si habilita o no el megaproyecto, Nevis se convirtió, de hecho, en un laboratorio sobre los límites de la soberanía en tiempos de Bitcoin, ciudadanía tokenizada y ciudades privadas que llegan con sus propios sobres de U$S 100 bajo el brazo.
