Un episodio casi inocuo para el ecosistema blockchain aprovechado por la política, en eso se convirtió el lanzamiento del memecoin $LIBRA, impulsado por el polémico Javier Milei, desató una investigación federal que busca congelar U$S 110 millones y reconstruir operaciones millonarias, mientras el país se sumerge en un torbellino político y judicial.
En medio de un contexto de alta volatilidad en el mercado de criptomonedas, el polémico lanzamiento del memecoin LIBRA se ha convertido en el epicentro de una crisis que entrelaza la política y los negocios en Argentina.
La operación, iniciada alrededor del 14 y 15 de febrero, alcanzó en su apogeo una capitalización de mercado de U$S 4.5 mil millones, para luego desplomarse en menos de 12 horas, situándose en un valor cercano a U$S 0.10 por token.
Este desplome repentino ha dejado en evidencia acusaciones de una maniobra fraudulenta, que algunos califican de “insider rug pull”, y ha impulsado la apertura de investigaciones a nivel federal.
El fiscal federal Eduardo Taiano, quien encabeza la causa, ha dado pasos contundentes al solicitar el congelamiento de activos por un monto estimado de U$S 110 millones. Además, Taiano ha pedido la recuperación de publicaciones eliminadas en redes sociales – entre ellas aquellas realizadas por el propio presidente Javier Milei – y ha exigido el acceso a los registros detallados de todas las transacciones realizadas con LIBRA.
La investigación se centra en identificar y analizar el flujo financiero que tuvo lugar en el día de mayor actividad del memecoin, evidenciando que al menos ocho billeteras identificadas como vinculadas al equipo de LIBRA lograron “cash out” de hasta U$S 107 millones antes del colapso del token.
Las implicancias del escándalo no se limitan al ámbito económico. La polémica ha prendido la mecha en el escenario político, y varios sectores han comenzado a exigir responsabilidades.
La investigación no solo se fija en la operación en sí, sino que también examina el rol del presidente en la promoción de la criptomoneda.
Milei, quien ha sido acusado de utilizar su cuenta personal de la red X para difundir el proyecto, defendió su postura argumentando que su intervención se limitó a “spread the word”.
Dicho argumento, expresado en sus propias palabras, ha sido calificado por críticos como insuficiente para eximir cualquier implicación oficial, especialmente en un contexto en el que se investigan movimientos financieros millonarios.
La controversia ha intensificado también el debate sobre la separación entre iniciativas privadas y la intervención del Estado en el ámbito digital.
Por un lado, se destaca la estrategia de usar un memecoin como vehículo de inversión para fomentar proyectos locales, mientras que, por otro, surgen interrogantes sobre si la promoción del proyecto pudo haberse revestido de un carácter oficial, lo que complicaría las responsabilidades en caso de un eventual fracaso.
Las autoridades judiciales, entre ellas la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, han asumido un rol activo al reclamar competencia en la causa, lo que evidencia la tensión entre distintos tribunales y líneas de investigación.
El ambiente se ha vuelto aún más complejo al entrelazarse con otros episodios políticos de alta tensión. Declaraciones y calificativos – como el uso de apodos entre comisiones y la mención de figuras controvertidas, tales como “Mago del Kremlin” o “Macri, Mauricio” – reflejan una lucha de poder que va más allá del mundo de las criptomonedas y se adentra en disputas históricas de la política argentina.
Personajes reconocidos, desde legisladores hasta ex funcionarios, han sido arrastrados al debate, lo que incrementa la presión sobre el gobierno de Milei en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Mientras tanto, la repercusión mediática no se ha limitado a las fronteras nacionales. Portales internacionales especializados en tecnología y criptomonedas han dado cobertura al llamado “Libragate”, resaltando la magnitud de la operación y la inusual convergencia de temas financieros y políticos.
La inmediatez de la reacción por parte de organismos reguladores y la convocatoria de audiencias en tribunales sugieren que las consecuencias de este episodio podrían repercutir en la imagen y en la estabilidad política de Argentina durante los próximos meses.
En síntesis, el caso LIBRA se erige como un reflejo de las tensiones actuales en un país que busca adaptarse a la transformación digital y a los desafíos de un mercado global cada vez más impredecible.
Con U$S 110 millones en riesgo y una investigación que apenas empieza a desentrañar la compleja red de transacciones y relaciones de poder, el futuro de la criptomoneda – y de la credibilidad del proyecto – pende de un hilo, marcando un precedente que podría transformar el panorama de la inversión digital en la región.
Mientras tanto, el ecosistema blockchain y el desarrollo y avance de la adopción continúa prácticamente sin contratiempos. A pesar de los Milei y los Trump de la vida.
